La Junta Central Electoral (JCE) aprobó un reglamento que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera de los períodos legales de precampaña y campaña, y la medida encendió la disputa política más intensa de este lunes en República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusa al Gobierno de promover la restricción para ocultar su deterioro en las preferencias ciudadanas. El PRM la defiende como una norma consultada y acordada. Los juristas la cuestionan. Y el debate ya apunta al Tribunal Constitucional.
Lo que aprobó la JCE
El reglamento, firmado el 22 de mayo por el presidente del organismo, Román Andrés Jáquez Liranzo, y los demás miembros del Pleno, establece que solo las firmas debidamente registradas ante la JCE podrán realizar y publicar encuestas con fines electorales. La normativa prohíbe difundir sondeos antes del inicio formal de la precampaña, fijada para el primer domingo de julio del año previo a las elecciones, es decir, julio de 2027.
Las encuestadoras que divulguen estudios antes de esa fecha podrán ser suspendidas entre seis meses y un año, y perder definitivamente su registro en caso de reincidencia. Además, el reglamento exige que cada firma publique la ficha técnica completa de sus estudios —tamaño de muestra, margen de error, metodología y preguntas formuladas— y regula los exit polls: sus resultados no podrán difundirse hasta cuatro horas después del cierre oficial de las votaciones.
La JCE argumenta que la difusión anticipada de encuestas puede generar ventajas indebidas entre los actores políticos y distorsionar la libre competencia electoral.
La acusación del PLD
El expresidente y presidente del PLD, Danilo Medina, calificó la decisión como «sumamente sospechosa» durante una asamblea de dirigentes peledeístas en la provincia Sánchez Ramírez. Según Medina, la medida busca impedir que la población conozca el estado real de las preferencias electorales, que —a su juicio— muestra una caída del oficialismo.
Su argumento central es el contraste con el ciclo electoral anterior: en 2024 no existió ninguna regulación similar, mientras se publicaban sondeos de manera frecuente que, según él, proyectaban al Gobierno como una fuerza políticamente dominante y a la oposición en desventaja. «Lo que no se hizo en el 2024, cuando se utilizaron las encuestas para crear una percepción de invencibilidad del gobierno, ahora se prohíbe», señaló Medina.
El secretario general del PLD, Johnny Pujols, reforzó esa posición este lunes desde la Casa Nacional del partido. Pujols aclaró que el PLD no desconoce la facultad constitucional de la JCE para regular encuestas, pero sostuvo que la decisión «genera suspicacia» porque se aplica precisamente cuando los últimos sondeos reflejan resultados desfavorables para el Gobierno.
La respuesta del PRM y otros partidos
El presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, rechazó las acusaciones y recordó que la JCE publicó el borrador del reglamento en abril de 2025, celebró una audiencia pública el 5 de junio de ese año con todos los partidos y firmas encuestadoras, y concedió plazos adicionales para observaciones. «Delegados de todos, incluyendo al PLD, participaron», señaló Paliza en sus redes sociales, pidiendo al PLD cuidar la institucionalidad del órgano electoral.
El vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, calificó de «inapropiadas» las críticas contra la JCE. El delegado del PRSC, Tácito Perdomo, respaldó la medida al señalar que muchas encuestas han dejado de ser herramientas técnicas y se usan como instrumentos de propaganda. Por su parte, la Fuerza del Pueblo también saludó el reglamento, aunque su delegado Manuel Crespo advirtió que no descarta someter observaciones puntuales al texto final.
El flanco jurídico
Los juristas también han entrado al debate. El abogado Julio Cury consideró que el reglamento presenta «vicios sustanciales» que comprometen su validez constitucional y legal, al crear sanciones y restricciones que, a su juicio, no están contempladas en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral ni en la Ley 33-18 de Partidos Políticos.
El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, defendió la normativa y anticipó que el debate terminará en el Tribunal Constitucional, aunque consideró que el organismo electoral obtendría ganancia de causa. Señaló además que la publicación continua de encuestas antes de la precampaña favorece a partidos de oposición que aparecen bien posicionados en los sondeos, mientras el Gobierno registra niveles de aprobación bajos.
Un dato que alimenta la disputa: el artículo 216 de la Ley de Régimen Electoral solo prohíbe las encuestas ocho días antes de las elecciones, lo que abre la interrogante sobre si la JCE excedió su mandato legal al extender esa prohibición hasta el inicio de la precampaña.
Por qué importa para el proceso electoral
El debate se produce con las elecciones de 2028 en el horizonte y los partidos ya en proceso de reorganización interna y posicionamiento de figuras presidenciales. Las encuestas han sido, históricamente, uno de los termómetros más visibles del estado de la competencia política dominicana. Limitarlas hasta julio de 2027 cierra ese termómetro al público durante más de un año, en un período en que PLD, Fuerza del Pueblo y PRM están definiendo sus candidaturas.
La disputa que desató el reglamento refleja, en el fondo, una discusión sobre transparencia: quién controla la información electoral y en qué momento el ciudadano tiene derecho a conocer cómo se mueven las preferencias antes de que arranque formalmente la campaña.
Fuentes: Diario Libre · El Nuevo Diario