La renta corta ya no es un negocio pequeño ni un asunto de unos cuantos apartamentos en zonas turísticas. En República Dominicana, las propiedades destinadas a estadías cortas pasaron de 17,456 en 2018 a 56,973 en 2025, un salto de 226.4 % en siete años.
La cifra fue publicada este lunes 25 de mayo de 2026 por Diario Libre, con datos atribuidos al Ministerio de Turismo. El mismo trabajo señala que las habitaciones de renta corta pasaron de 42,093 en 2018 a 136,338 en 2024.
El crecimiento va más rápido que los hoteles
La comparación con la hotelería tradicional ayuda a entender el tamaño del cambio. Según los datos citados por Diario Libre, las habitaciones hoteleras subieron de 84,056 a 94,309 entre 2018 y 2025, un aumento de 12.2 %. La renta corta, en cambio, se movió a otra velocidad.
Para el turista, esto significa más opciones y precios variados. Para el propietario, puede ser una vía de inversión. Para el Estado y los municipios, abre preguntas sobre impuestos, seguridad, convivencia, uso de edificios residenciales y competencia con hoteles que ya operan bajo reglas más claras.
El ITBIS entra en la conversación
La Dirección General de Impuestos Internos reveló la semana pasada que trabaja en un mecanismo para cobrar hasta 18 % de ITBIS a plataformas digitales que ofrecen servicios en territorio dominicano. Ese grupo incluiría plataformas donde se publican y reservan alojamientos de corta estadía, como Airbnb y Booking.
Diario Libre reportó que la propuesta podría discutirse en los próximos 60 días. Si avanza, sería una de las señales más claras de que el Estado quiere empezar a ordenar fiscalmente un negocio que creció antes que la regulación.
Una oportunidad que necesita reglas claras
La expansión de la renta corta no es mala por sí misma. Puede mover turismo interno, atraer inversión, llenar zonas con poca hotelería y dar ingresos a familias propietarias. Pero cuando un mercado crece tan rápido, la falta de reglas termina pasando factura.
El debate serio no es si se debe prohibir o celebrar sin preguntas. El punto es cómo ordenar el negocio sin matar la inversión, cómo proteger al huésped, cómo evitar abusos en edificios residenciales y cómo asegurar que todos compitan con reglas razonables.
Para quienes miran apartamentos como inversión, el dato del crecimiento es atractivo. Para quienes viven en zonas turísticas o edificios tomados por alquileres temporales, la pregunta es otra: quién regula, quién fiscaliza y quién responde cuando aparecen problemas.